El gobierno español ha tomado la decisión de reparar a las víctimas españolas de la talidomida.
Una decisión histórica. ¿Llega tarde? Pues posiblemente. Casi 50 años. Recordemos que la talidomida fue comercializada entre 1958 y 1963 (y tal vez durante más años) en muchos países del mundo por el laboratorio alemán Chemie Grünenthal para la prevención de las náuseas en embarazadas. Desgraciadamente, provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
El suceso sigue figurando en los libros de historia de la farmacología como "la catástrofe de la talidomida". De hecho, la palabra talidomida sigue causando escalofríos a los que estudiamos sus efectos trágicos, y por supuesto, y sobre todo, a sus víctimas, los niños de la talidomida, repartidos por todo el mundo, y no siempre reconocidos hoy día.
Una historia iniciada por el laboratorio alemán Chemie Grünenthal , si bien hay quien apunta que el descubrido, a principios de los años 50, fue realmente el laboratorio suizo CIBA, hoy integrado en NOVARTIS, uno de las 5 empresas farmacéuticas más grandes del mundo.
Han pasado casi 50 años desde que el pediatra australiano William Mc Bride (últimamente medido en asuntos poco honorables, pero que no le quitan su lugar en la Historia) apuntase, en 1961, a la talidomida como responsable de una epidemia de malformaciones congénitas en Australia; similar acusación fue sugerida algo más tarde -el 16 de noviembre de 1961, por el médico austríaco W. Lenz.
La talidomida fue el final de una época, de la edad de oro de los medicamentos, iniciada con las sulfamidas en los años 30, los antibióticos en los años 40 y 50. Fue el resultado de una época en la que los ensayos clínicos y preclínicos no estaban
tan avanzados como hoy, y en el que fue determinante una particularidad química de este medicamento, la existencia de dos estereoisómeros -que no vamos a explicar aquí- pero sólo uno de ellos tóxico.
Por todo ello, es muy buena noticia que el gobierno español prepare un real decreto para indemnizar con 1,6 millones de euros a los 24 afectados que reconoce el ministerio de Sanidad.
Con todo, AVITE, la asociación española de afectados, reclama pensiones y otras ayudas sanitarias a los afectados y sus familiares.
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